Ley de Protección a la Maternidad para Veracruz

El Pleno de la LXIII Legislatura local aprobó por unanimidad un Dictamen, producto de la Iniciativa con Proyecto de Ley de Protección a la Maternidad para el Estado, que busca que en los municipios de la entidad se garantice la protección de la salud de las mujeres embarazadas y sus hijos durante las fases de embarazo, parto y puerperio (hasta que vuelva al estado ordinario anterior a la gestación).

Toda mujer embarazada –señala el texto– tendrá derecho a consultas médicas, exámenes de laboratorio, atención ginecológica y orientación psicológica o psiquiátrica, hasta el postparto, así como a orientación y vigilancia en materia de nutrición, a través de instituciones públicas o privadas de salud, y los servicios se otorgarán de manera gratuita u onerosa, de acuerdo con un estudio socioeconómico.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Tercer Año de actividades, se avaló con 42 votos este ordenamiento, que propuso la diputada Gladys Merlín Castro, presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local.

En sus consideraciones, el Dictamen refiere que la muerte materno-infantil es un problema grave de salubridad pública, con causas biológicas, sociales, económicas, demográficas, políticas y culturales, cuya solución exige instrumentar políticas públicas precisas, para compensar, con equidad, la injustica social y facilitar el acceso de las mujeres a los sistemas de salud.

La nueva ley consta de 20 artículos y tres transitorios, y en su análisis y dictamen participaron los diputados miembros de las comisiones permanentes unidas de Salud y Asistencia y De Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes de la LXIII Legislatura de Veracruz.

Otorga un plazo de seis meses para crear, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), una Red de Apoyo a Embarazadas, que promoverá la participación y corresponsabilidad de la sociedad en la política de protección a la maternidad, así como para expedir el Reglamento correspondiente.

Además, la mujer gozará de estabilidad en el empleo, cargo u ocupación que desarrolle, no cumplirá jornadas laborales nocturnas ni podrá ser discriminada por estar embarazada. Tendrá acceso al trabajo en las mismas condiciones que los hombres y mujeres no embarazadas, y a gozar de doce semanas de descanso, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También podrá ocupar cargos de elección popular o de designación en los órganos del Gobierno del Estado, en igualdad de condiciones, y a quien se diagnostique el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) recibirá atención especializada, al igual que la persona en gestación.